La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe ejecutar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El tribunal rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia.

La resolución obliga al Estado a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de universidades públicas para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, en septiembre de 2025. Además, ordena la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles.

En su fallo, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán cuestionaron con dureza la presentación del Gobierno al señalar que los argumentos esgrimidos resultan “poco serios”, en particular aquellos que sostenían que la cautelar equivalía a una sentencia definitiva encubierta.

Los magistrados también remarcaron que el impacto fiscal de la medida es bajo y que no se ve afectado el interés público. Por el contrario, enfatizaron que está en juego un derecho central consagrado en la Constitución Nacional, como es el acceso a la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En ese momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la ejecución de la ley y condicionó su aplicación a la existencia de recursos específicos, presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Asimismo, advirtió una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico”, al señalar el impacto que la demora generaba en el funcionamiento de las universidades.

El Gobierno nacional había calificado la resolución judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requería definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas en el Presupuesto. Sostuvo además que la cuestión presupuestaria corresponde al Congreso y no al Poder Judicial, y advirtió sobre posibles efectos en el equilibrio fiscal, planteos que fueron desestimados por la Cámara.

El conflicto por el financiamiento universitario escaló entre 2024 y 2025, con masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales en todo el país. Las protestas tuvieron su punto más alto en la Ciudad de Buenos Aires, con réplicas en distintas provincias.

Entre las principales manifestaciones se destacaron la segunda Marcha Federal Universitaria en octubre de 2024 y la movilización del 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, en rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que ya había sido aprobada por el Congreso.

Pese a que la oposición logró sancionar la norma y superar los vetos presidenciales, el Ejecutivo dictó posteriormente un decreto para frenar su aplicación.

En paralelo al avance judicial, el Gobierno trabaja en una estrategia para encauzar el conflicto. La iniciativa apunta a impulsar una nueva ley que no elimine el esquema vigente, sino que lo modifique, con el objetivo de reunir el consenso político necesario en el Congreso.

Desde la Secretaría de Educación remarcan que la intención es alcanzar una solución que garantice no solo recursos para el sistema universitario, sino también previsibilidad y seguridad jurídica para las instituciones.